La demanda asegura que los padres de los menores "consumen tóxicos" y que no se hacen cargo de los pequeños. Según los abuelos, ellos son quienes han financiado la educación de los dos niños, que ahora viven con ellos. Hace tres años, la Junta les retiró la custodia a los padres, pero finalmente terminó devolviéndosela.
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