El reto consiste en dar poder a los consejos de trabajadores y de consumidores protegiendo al mismo tiempo los intereses del resto de agentes económicos afectados por lo que aquellos deciden. Consistiría en dotar a los distintos grupos de trabajadores de derechos de uso sobre parte de los recursos productivos de la sociedad, incluido lo que los economistas llaman el “capital humano” de las personas, sin permitir que se beneficien injustamente de aquellos de esos recursos productivos que pertenecen y deberían beneficiar a todos.
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