El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por el retraso en trasladar a la legislación nacional una norma comunitaria en defensa del consumidor frente a las prácticas comerciales desleales de las empresas. Los Estados miembros debían incorporar la directiva, que persigue mejorar la protección del consumidor en el mercado interior europeo, al Derecho nacional como tarde el 12 de junio de 2007 e informar de ello a la Comisión Europea. Al haber sido condenada, España tendrá que cargar, además, con las costes del proceso.
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