Los hechos sucedieron cuando la juez compró un perfume en un establecimiento y, tras entender que "no ofrecía la fragancia que esperaba" mandó a su empleada doméstica a que lo devolviera y recuperara el importe, que eran 49,95 euros. El vendedor no accedió a su petición argumentando que había usado ya el frasco. La juez, que en esos momentos estaba de guardia, abrió diligencias contra la tienda por un presunto delito contra la propiedad industrial y ordenó una entrada y registro de los dos locales propiedad de este comerciante, aduciendo que en
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