El Tribunal de Cuentas del Estado troceó durante años proyectos de obras en su propia sede para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas y evitar así tener que sacar a concurso público la contratación del proveedor de servicios. El beneficiario de las adjudicaciones a dedo fue Ángel Ortega, un empresario que había realizado obras para altos cargos del Tribunal de Cuentas, entre ellos Javier Medina, actual vicepresidente de la
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