Más de una treintena de asociaciones han solicitado a la Fiscalía General del Estado su apoyo para que el Tribunal Constitucional admita el recurso de amparo de una mujer que pide que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial al permitir que su ex pareja, acusado de malos tratos, viera a su hija en régimen de visitas y después la asesinara.
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