El de los puertos deportivos es un negocio abstruso envuelto en una maraña legal. Ocupan dominio público, por lo que tienen que operar con una concesión. Además, se superponen legislaciones de Costas y de Puertos. Para terminar de complicarlo, los puertos deportivos son competencia autonómica, pero el dominio público es estatal. En 1988 la Ley de Costas estableció un plazo general de 30 años que venció en julio de 2018. En general, los puertos han seguido operando bajo las interpretaciones legales que más les favorecen.
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