El auto del Juzgado de Badalona que ha dado inicio el caso, tras dos años de pinchazos telefónicos y pesquisas, eleva a 31 las personas que considera judicialmente "investigadas" -antiguamente imputadas- en la pieza principal, más de la mitad de ellas de la provincia leonesa, lo que afecta de lleno a políticos y funcionarios. Otras dos piezas separadas, en León y Astorga, también implican a políticos y técnicos por presunto fraude en contratación.
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