No han pasado ni dos semanas desde que en una histórica –e histriónica- sesión en el Parlament catalán se aprobara la Ley del Referéndum de independencia y la consiguiente norma de ruptura con el Estado español. Apenas una semana desde que el Constitucional se apresurara a tumbarlas. Cuatro días desde que un acto en Madrid a favor del derecho a decidir a cargo de un colectivo con un poder de convocatoria anecdótico acaparase la atención de buena parte de la prensa nacional.
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