Figuraba en la Estrategia contra la Pobreza Energética de 2019, en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y en el plan energético remitido a Bruselas en 2020; el Ejecutivo va a ponerlo en marcha ahora. El proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para recortar los ingresos extra de las hidroeléctricas y nucleares por el encarecimiento del CO2 (que no soportan, pero les beneficia porque eleva el coste del mercado mayorista) prevé destinar un 10% de los ingresos obtenidos a ayudar a los vulnerables severos.
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