El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que la declaración de las Cortes Valencianas atribuyendo "responsabilidad" a un investigado, junto con otras personas, por el accidente de metro ocurrido en julio de 2006 vulnera su derecho fundamental al honor. De esta manera se estima el recurso de amparo del que fuera director de recursos humanos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
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