La tecnología en sí misma no es la que levanta oposición, sino la gestión política derivada del abandono del principio de neutralidad tecnológica por parte de las administraciones públicas, y sus efectos sobre determinados colectivos afectados por estas medidas. Lo problemático no es la tecnología, sino cómo se gestiona desde las políticas públicas. No habría tanta inquina si no fuese por las prohibiciones a un tipo de tecnología concreto. Si la superioridad tecnológica se impone por la demostración de sus ventajas, no hay nada que odiar.
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