La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha impuesto la pena de seis años de prisión y multa de 1,5 millones de euros a cuatro guardias civiles destinados en Fuerteventura por idear un plan para introducir por mar un alijo de 733 kilos de hachís en dicha isla, lo que llevaron a cabo en una embarcación tipo zodiac en febrero de 2013. Uno de ellos es condenado a un año más de cárcel por delito de obstrucción a la justicia por amenazar de muerte a un coacusado, que se encargó de almacenar parte de la droga, para que no hablase
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