El alto tribunal ha abroncado al Ministerio de Justicia por venir negando desde hace meses la nacionalidad española a supuestos radicales islámicos basándose exclusivamente en informes policiales o de los servicios de Inteligencia sobre sus presuntas actividades contrarias «al orden público o el interés nacional». Documentos de carácter secreto que el Gobierno se niega a desclasificar por «razones de seguridad nacional», pero cuya mera invocación, sin desvelar el contenido, no sirve ante los magistrados.
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