Sumar quiere que se reforme la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, que fue creada en 1941 y que continuó activa hasta bien avanzada la democracia, en concreto, hasta 1985.
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