Fuentes del Ejecutivo muestran "profundo respeto" por la decisión del Legislativo, pero se asombran de que el interés económico se haya equiparado al criterio científico. Las organizaciones ecologistas demandan al Gobierno de Pedro Sánchez que presente un recurso al Constitucional para paralizar la norma. La nueva ley propuesta por el PP blinda especies dañinas codiciadas por cazadores y pescadores con el argumento de que el sector cinegético genera "riqueza y empleo".
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