Cada colegio deberá buscar una empresa acreditada que haga los exámenes. Hay 60.000 alumnos afectados que no pudieron hacer el examen el curso pasado al quedar desierto el concurso de licitación. En lugar de que el Gobierne regional contrate una empresa acreditada, como es habitual cada año, cada uno de los centros recibirá un dinero determinado y se tendrá que buscar la vida para organizar la prueba de inglés.
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