En 2015 se reforma la llamada «Ley de Montes» y se modifica el régimen de uso de los montes que han sido incendiados. Y es que la regulación previa prohibía de forma expresa que se cambiase el uso forestal de aquellas superficies incendiadas en los 30 años posteriores al incendio. Ahora, la Ley de Montes lo sigue prohibiendo en los mismos términos, pero introduce una excepción: se permite que la Comunidad Autónoma autorice el cambio de uso, cuando se cumplan determinados requisitos. Hecha la ley, hecha la trampa.
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