Incumplimiento masivo de la normativa aprobada por Carmena que exige una autorización municipal para operar y que el actual Ayuntamiento ha renunciado a modificar. El consistorio dice que hace lo que puede dentro de sus competencias y subraya que ha realizado este año 1.335 inspecciones, ha dictado 130 ceses de actividad y una veintena de multas coercitivaas para poner coto a la multitud de pisos ilegales.
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