El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada —que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico—. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas. Cuando el Ejecutivo socialista llegó...
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