El sistema privado en Chile atiende a alrededor de 3 millones de personas de una población total de más de 19 millones. Creado en 1981, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, ha sido protagonista de una fuerte judicialización en la última década debido a la presentación de miles de recursos por parte de sus usuarios, quienes han intentado impedir el alza del precio de sus planes por acciones que consideran "abusivas". Se le acusa de discriminar a mujeres en edad fértil, a ancianos y a enfermos crónicos o catastróficos, entre otros.
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