Los presupuestos generales del Estado para el 2012 contemplan un tajo de 1.000 millones de euros en la financiación de patronal y sindicatos. El Gobierno argumenta que no es una venganza por la pasada huelga general del 29-M sino la necesidad de recortar todas las partidas de gasto para reducir el déficit público del 8,5 al 5,3% al final del ejercicio.
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