En 2006 la noticia caía como un jarro de agua fría en las universidades españolas. El Ejecutivo de Zapatero presentaba un proyecto de ley de acceso a la abogacía que suponía una barrera para ejercer la carrera de abogado o procurador en los Tribunales. Nadie sabía en aquel momento que la entrada en vigor de esta ley tardaría en llegar algo más de cinco años. Una tardanza que ha supuesto el impedimento al acceso profesional de miles de jóvenes recién salidos de las universidades.
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