La demanda, que se presentó el pasado 31 de marzo, se basa en los títulos de propiedad que ostenta la sociedad Valle, Ballina y Fernández S. A. desde mediados del siglo XIX sobre las tres fincas en las que se asientan sus instalaciones. «Nos amparamos en que estos terrenos son una propiedad comprada al Reino de España en la que se estableció un precio y una carta de pago», explicó ayer José Cardín, gerente de la compañía.
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