Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación. El canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.
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