Antonio Narváez, el magistrado ponente de la segunda sentencia del TC sobre estado de alarma de 6 meses ha ultimado ya su resolución, que volverá a suponer una desautorización jurídica para el Gobierno por su gestión de la pandemia. Si en el mes de julio el TC ya sentenció que la primera imposición del estado de alarma era inconstitucional porque sus medidas restrictivas de libertades esenciales debieron ser amparadas por el estado de excepción, y no por el de alarma –y por tanto fueron abusivas–, en este caso el Tribunal irá aún más allá.
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