Administraciones y empresas demoraron sus pagos 141 y 93 días, frente a los 40 y 75 días que establece la normativa. Lograron en 2012 recortar sus respectivos plazos de demora en el pago a proveedores, pero aún así no lograron atenerse a los límites que marca la ley. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el plazo medio de pago de las administraciones públicas disminuyó el año pasado un 13%, hasta situarse en 141 días por término medio. A años luz de los 40 días que marca la Ley de Lucha contra la Morosidad de 2010.
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