En una comparecencia de apenas seis minutos, el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, cerró ayer la puerta a su dimisión como responsable de la institución provincial. Ni siquiera abrió el debate porque, al estilo Camps, no aceptó preguntas. Y todo ello después de que el titular del juzgado de Orihuela que instruye la "operación Brugal" -una investigación ligada a la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja- confirmara su imputación por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información
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