La ley de morosidad permite a los contratistas reclamar la deuda y los intereses de demora en 60 días. Sea como consecuencia de la sequía presupuestaria, sea por un gestión ineficiente de los recursos públicos, la cuestión es que el Consell está jugando con fuego. La nueva ley de morosidad que entró en vigor el pasado 6 de julio recorta y define sustancialmente los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas. Marca 30 días como tope a partir de 2013 y fija un período transitorio de 55 días en 2010, 50 en 2011 y 40 en 2012.
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