Seis de los repobladores se enfrentan a un proceso judicial por una denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha, ya que la zona donde se encuentra el pueblo se ha declarado "de monte público", por lo tanto no sería urbanizable. Este jueves han recibido la notificación para ir el próximo 25 de mayo a juicio. Se enfrentan a 26 años de prisión entre todos. Llevan allí desde 2013 y han construido media decena de casas, un taller, han llevado el agua potable al pueblo, han reforestado los alrededores y han nombrado las casas como se llamaban antes
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