La propuesta está disponible en la página 9 del documento gubernamental Digital Britain interim report. Si la francesa estaba basada en los 3-avisos y la posterior desconexión de la red, el gobierno británico pretende que los ISP actúen de policías y, tras varias notificaciones, éstos tengan la obligación de monitorizar la conexión de la persona supuestamente infractora y recolectar las pruebas necesarias para una rápida y exitosa demanda civil, además de barata para el demandante.
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