El Ministerio del Interior quiere ahora leyes de secreto más duras y extensas que tendrían el efecto de disuadir a las fuentes, editores y reporteros, haciéndolos potencialmente sujetos a prohibiciones oficiales si lo decide un tribunal, y castigados mucho más severamente si no cumplen. Aunque se presenta como una lucha contra la actividad hostil de los actores estatales, las nuevas leyes, si se aprueban, atraparían a los periodistas y a las fuentes cuyo trabajo es informar sobre "revelaciones no autorizadas" que son de interés público.
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