El dinero que invertimos los ciudadanos en los informativos públicos están en manos de los directivos de IB3. Estos directivos han malgastado ese dinero y ahora quieren justificar ese desajuste despidiendo a los trabajadores que elaboran los informativos. Unas 60 personas -entre periodistas, cámaras, regidores, editores de vídeo i productores- están afectados ahora mismo por Expedientes de Regulación de Empleo ideados por IB3 y ejecutados per les empresas concesionarias. ERE que no tienen base legal y atentan contra el derecho a la información.
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