La mayoría de los juristas consultados por Público coincide en que no existió tal DUI y que la estrategia de Carles Puigdemont en las últimas horas se basa en restar valor jurídico a las decisiones políticas que adoptó ante la batalla jurídica que se avecina en los tribunales. Puigdemont insiste en sus llamamientos al diálogo y a la "oposición democrática" contra la aplicación del 155 aprobada por el Senado, sabedor de que si se produce violencia en las calles podría ser condenado como instigador o impulsor de los delitos de rebelión o sedición
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