Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o asociación; algunas fueron condenadas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Se siguió sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos a reclusión arbitraria o a la prohibición de viajar tras haber quedado en libertad condicional. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito...
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