La Comisión Europea no ve inconvenientes en proponer que se facture a los usuarios que reciban llamadas a sus móviles, como ocurre en Estados Unidos, con tal de abaratar los precios finales de las comunicaciones. Las asociaciones de consumidores no opinan lo mismo y defienden que esta medida sólo beneficiará a las operadoras, puesto que no repercutirán el ahorro de las tarifas burocráticas del actual sistema en el consumidor.
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