El objetivo de las auditorías ciudadanas de la deuda es determinar qué parte de la deuda contraída por las administraciones puede contener indicios de ilegalidad o, en otro plano, de ilegitimidad. No se trata de que un gobierno declare unilateralmente un impago generalizado, sino de distinguir qué parte de la deuda podría estar sujeta a renegociación o ser susceptible de nulidad.
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