A partir del año 2017, advierte el columnista Christopher Langner, “las instituciones financieras ya no podrán usar sus modelos internos para tasar los riesgos que implican los derivados para las contrapartes. En 2018 esto se extenderá a la titularización de activos y a partir de entonces, aunque la fecha exacta aún está por determinar, los prestamistas tendrán que evaluar a todos sus clientes de préstamo basándose en los patrones establecidos por el comité de Basilea”.
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