La polémica surgió desde la creación del documento fílmico en los tribunales donde se discutía sobre la culpabilidad de Antonio Zúñiga, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinato; tras demostrar su inocencia, Layda Negrete y Roberto Hernández, abogados y productores de la cinta, emprendieron un largo camino que iba teñido por la indignación del público ante el trato de las autoridades hacía Toño.
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