Si hasta ahora nos habíamos peleado entre la necesidad o no de cobrar los rescates, ahora tenemos el argumento de un Tribunal que incide, con riguroso carácter científico-jurídico, en el meollo práctico de la cuestión: la norma es la norma y mientras los poderes públicos no la cambien, el cobro de los rescates (salvo errores formales) es perfectamente legal.
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