Una juez ha ratificado la sanción de 90.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a un agente de la propiedad inmobiliaria por anunciar un piso de alquiler en el que se incluía como requisito ser una "persona española". En un comunicado emitido este miércoles, el consistorio ha explicado que se trata de la primera sentencia en España que se pronuncia condenando por discriminación en el acceso a la vivienda en ejercicio de la tutela administrativa.
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