Planea cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema de prestaciones sociales en el Reino Unido con la adjudicación a los ciudadanos receptores de esos servicios de un presupuesto propio que ellos mismos podrían gestionar. De acuerdo con el plan propuesto, los usuarios de ciertos servicios sociales, como ancianos que requieren cuidados, jóvenes con problemas de salud mental o personas con enfermedades crónicas, tendrán un presupuesto propio y podrán "comprar" servicios a proveedores externos.
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