Movistar se estaría viendo obligada por los tribunales a facilitar la identificación de algunos de sus clientes que están siendo acusados de compartir material protegido en redes P2P. Un despacho de abogados en representación de una productora reclama 100 € por obra compartida y 300 € por gastos de investigación para frenar la denuncia, amenazando con aumentar la cifra con otras obras compartidas desde la misma IP.
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