La futura Ley de Transparencia no contemplará finalmente la inhabilitación de los cargos electos que cometan infracciones muy graves en la materia de buen gobierno, como proponía el proyecto inicial. Así las cosas, una vez que la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno.
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