El PP ha prescindido del respeto a las instituciones en su intento de buscar una respuesta política al sumario sobre corrupción en Madrid y Valencia que instruye Baltasar Garzón, y que en breve pasará a los respectivos Tribunales Superiores por la presunta implicación de personas aforadas. Los populares tienen todo el derecho a discrepar de las resoluciones del magistrado y a hacer valer sus puntos de vista por las vías establecidas en las normas procesales, pero éstas no incluyen una querella por prevaricación como instrumento de chantaje.
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