Una reforma impulsada durante su último gobierno permite sentar en el banquillo a los partidos políticos. La ley castigaba en 2013 el delito de daños informáticos con entre 6 meses y dos años. Las personas jurídicas 'cambian' la cárcel por una multa de entre 30 y 5.000 euros por cada día de condena que cuenta el Código Penal.
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