El informe final de 200 páginas recoge una veintena de casos que la Fiscalía tendrá que decidir si judicializa como causa general. Para los agentes, los parámetros delictivos son cinco: en todos los casos existen denuncias de violencia de género o abusos sexuales presuntamente fraudulentos, intervienen los mismos profesionales, los mismos abogados y se coordina desde la asociación Infancia Libre.
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