Según Podemos, esta operación ha sido autorizada sin existir un pronunciamiento claro sobre si la Declaración de Impacto Medioambiental, que se realizó en el año 2007 y que no tiene en cuenta las modificaciones del proyecto, es válida o no. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente en enero la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que otorgaba a la Autoridad Portuaria de Valencia la competencia para decidir si se necesitaba otra DIA o no.
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