Martina Aneiros (PP) recordó que la discutida ordenanza sobre la oficialidad del gallego fue aprobada por unanimidad hace casi veinte años y con un alcalde popular. Estimó que «garantiza el derecho» a obtener, por ejemplo, «copias en castellano» de documentos oficiales y que su «aplicación pacífica» en este tiempo es síntoma de su utilidad. Añadió que no ha existido desde 1997 «ningún conflicto que justifique su modificación».
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