El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha calculado que las administraciones públicas adeudan unos 35.000 millones de euros a las empresas, por lo que ha exigido que se priorice el pago de deudas a aquellas compañías que están al borde de la quiebra por tener hasta un 70% de su facturación vinculada a servicios prestados a las administraciones.
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